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CONTROVERTIDA TRANSICION EN GOYA: Por una denuncia del intendente electo, allanaron varias instalaciones municipales

Quien el 10 de diciembre asumirá como jefe comunal solicitó a la Justicia que investigue si la actual gestión emitió cheques con pagos diferidos para el año venidero. Bassi consideró que no se cometió ninguna irregularidad, porque alegó que ese sistema fue establecido por ordenanza.

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Por una denuncia que el intendente electo de Goya, Ignacio Osella realizó semanas atrás en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº3, ayer fue allanado un sector de la Municipalidad como así también otros tres lugares. En los procedimientos, según indicaron, buscaban elementos por presuntas anomalías en el pago con cheques diferidos que alcanzarían una suma de casi $2 millones. El actual jefe comunal definió a los procedimientos como un avasallamiento institucional y afirmó que el mencionado sistema de pago fue autorizado por el Concejo a través de la ordenanza 1927/17.

De acuerdo a lo informado por TN Goya, el primer allanamiento se concretó ayer aproximadamente a las 7 y estuvo liderado por el fiscal Arrúe quien arribó al edificio municipal con una importante custodia policial dirigida por el director de la Unidad Regional II, Héctor Montiel.

A fin de llevar adelante el procedimiento, aclararon a los empleados que estaban en el interior del edificio, que no podían salir hasta que este concluyera. En paralelo, según precisó Info Goya, efectivos instalados en las dos puertas de ingreso a las instalaciones, restringían el paso. “Buscaban puntualmente un expediente con emisión de cheques con pago diferido”, indicaron en el citado portal. Al mismo tiempo, añadieron que “los funcionarios y personal de Tesorería pusieron a disposición el expediente solicitado, que fue secuestrado sin foliar”.

Luego, personal judicial y policial se trasladaron hasta el corralón de Obras Públicas, ubicado por avenida Sarmiento, entre las paralelas José María Soto y Evaristo López. “En este lugar realizaron un relevamiento general de maquinarias y herramientas, secuestrando el VTR (registro fílmico) de las cámaras de seguridad”, destacaron en Info Goya.

Tras lo cual, añadieron que también al mediodía, una comisión con efectivos de la División de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, ingresó al anexo municipal ubicado por calle Mariano I. Loza. “Buscaron cámaras de seguridad, oficina por oficina, pero no encontraron tales dispositivos, ya que el edificio anexo aún no ha instalado esta tecnología”, explicaron.

Y el cuarto allanamiento, que se realizó casi en simultáneo con el del corralón, se concretó en el domicilio particular de un funcionario de la citada secretaría. Sobre esto, en el portal de noticias, aseguraron que allí “tampoco hallaron nada que pueda incriminarlo con algún delito”.

Defensa

Mientras se desarrollaba el primer allanamiento, el intendente Gerardo Bassi manifestó públicamente: “Lamentamos mucho este hecho inédito, que muestra una vez más el avasallamiento institucional que ejerce el juez Darío Ortiz, que ya sabemos cómo se maneja y por lo cual ya lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura”. A lo que agregó “nos parece contradictorio que hablen de buena voluntad en la transición”.

Seguidamente, planteó que “en la primera reunión de equipos técnicos de la actual gestión y del intendente electo, nuestro secretario de gobierno les interiorizó acerca del estado general del municipio, en temas sobre los cuales estaba puntualmente el cheque con pagos diferidos. Pero después de esta clara muestra de transparencia por parte nuestra, ahora nos mandan este allanamiento”.

Por ello, consideró que “nos parece que no fue necesario. Nos pudieron haber pedido el expediente, como hicieron otros jueces en otras oportunidades durante estos cuatro años”.

Ordenanza

Considerando que uno de los puntos que habría planteado Osella en su denuncia es que la Municipalidad en junio pagó la compra de materiales con un cheque a cobrarse en marzo del año venidero, Bassi argumentó que ese sistema de abono está autorizado a través de una ordenanza aprobada por el Concejo.

“Lograron avalar eso porque hasta ahora tienen los dos tercios, eso no significa que sea correcto hacer ese tipo de operaciones, considerando en especial, que está comprometiendo a la nueva gestión a abonar casi $2 millones”, manifestaron a El Litoral desde el equipo que el 10 de diciembre se hará cargo de la Municipalidad.

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