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Senado tratará ley que abre tierras rurales a extranjeros

El proyecto elimina los topes vigentes para la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, aunque en zonas de frontera exigirá doble autorización estatal. También habilita desalojos exprés y cambia el régimen de expropiaciones.

Por Administrador 3 min de lectura👁 22 visualizaciones
Senado tratará ley que abre tierras rurales a extranjeros

El Senado buscará dar media sanción el próximo jueves al proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa que reforma de manera profunda las normas sobre tierras rurales, desalojos, expropiaciones y predios afectados por incendios.

El punto central de la reforma es la eliminación de los límites actuales para que extranjeros —tanto personas como empresas— compren campos en el país. La medida deja en manos de cada provincia la autorización de esas operaciones, aunque establece una excepción: cuando el inmueble esté en zona de frontera, la venta necesitará el visto bueno tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional.

Esa doble autorización también regirá, sin excepción territorial, para Estados extranjeros y empresas con participación estatal de otros países. Si transcurren 180 días sin objeciones de ninguno de los dos niveles de gobierno, la operación quedará habilitada por silencio administrativo positivo.

El texto ratifica además que cada provincia mantiene jurisdicción plena sobre su territorio, en línea con lo que establece la Constitución Nacional.

La sesión estaba prevista para debatirse antes, pero fue postergada en dos ocasiones: el 3 de junio por diferencias internas sobre la apertura a capitales extranjeros, y el 25 de junio por falta de quórum. Junto con este proyecto, el bloque oficialista intentará avanzar también con unos treinta pliegos judiciales pendientes.

Desalojos más rápidos para usurpaciones

Otro de los ejes de la reforma es la creación de un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o en manos de ocupantes precarios. Un juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si el propietario presenta un reclamo verosímil respaldado por caución juratoria, e intimar la restitución en 72 horas cuando se acredite la titularidad con documentación.

Para el caso de inquilinos con deudas, el propietario deberá notificar por carta documento o correo electrónico, otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago e indicando el lugar exacto donde debe saldarse la deuda. Si la mora continúa, podrá iniciarse el desalojo, que deberá completarse en diez días hábiles. El dueño, por su parte, no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble, aunque sí dejar constancia escrita de deudas pendientes.

Cuando en la vivienda vivan menores o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá notificar a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, que tendrán diez días para buscar una solución habitacional transitoria sin frenar el proceso judicial.

Cambios en expropiaciones e incendios

La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones: exige que la declaración de utilidad pública se interprete de forma restrictiva y que el Estado justifique con precisión los motivos de cada medida. Se incorporó además un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, límite que no figuraba en el proyecto original. Los intereses, en tanto, se calcularán según la evolución del Índice de Precios al Consumidor más la tasa a treinta días del Banco Nación.

En cuanto a los terrenos afectados por incendios, el proyecto deroga la prohibición de 30 años para cambiar el uso de tierras quemadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Se mantiene, en cambio, la restricción para bosques nativos y humedales, donde seguirá vigente la veda de 60 años que fija la Ley de Manejo del Fuego.

Durante el debate en comisiones, el proyecto sufrió modificaciones importantes. Se eliminó el capítulo referido a barrios populares, luego de que distintas voces —incluidas la Iglesia y organizaciones sociales— advirtieran que esa redacción original podía derivar en una ola de desalojos.

La votación de este jueves será una prueba clave para el oficialismo, que necesita sostener sus acuerdos con bloques dialoguistas para dar media sanción a una ley que combina desregulación económica, ampliación de derechos de propiedad y reformas de fuerte impacto territorial y social.

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